Un sector de las personas extranjeras que viven en la provincia de Castellón y confiaban en la regularización extraordinaria de inmigrantes se ven ahora desorientados. El anuncio de la Generalitat Valenciana de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España, deja en el aire las expectativas de muchos. Incertidumbre y frustración es el sentir general de quienes esperaban la medida de abril «para tener papeles».
Si la Generalitat solicita la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, esto frenará el avance de la medida en la Comunitat Valenciana. El argumento que esgrime el gobierno autonómico es que así «se eviten efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico». Sin embargo, algunas ONG’s recuerdan que «con un pasaporte es suficiente para ser atendido en la sanidad pública o tener acceso a la educación. Por otro lado, basta con un certificado de empadronamiento para acceder a ayudas de alimentación o similares. Un argumento que deja en entredicho la explicación dada desde la Generalitat.
Sin embargo, para quienes esperaban acogerse a esta regularización para acceder a un trabajo legal -que no fuera «en negro»-, la situación es frustrante.
Preguntas todavía sin respuesta
Revistapoble ha hablado con personas que desde diferentes entidades sociales y asociaciones atienden día a día a estas personas. Desde Cáritas, por ejemplo, reconocen que desde que se hizo el anuncio de esta regularización «son muchas las personas que han preguntado». No obstante explican que en estos momentos aún se pueden dar respuestas. Es más, una reunión interna prevista para explicar detalles, se ha aplazado «hasta que se desmenuce toda la información y se pueda informar con certezas».
«Ahora es el Departamento Jurídico quien ha de estudiar ese Decreto y ver cómo se aplica y por tanto poder responder a la preguntas», explican desde Cáritas. «Hay que aterrizar todas estas cosas para poder responder a nuestros usuarios y sobre todo no darles falsas esperanzas»; insisten.
Por otro lado, Cruz Roja, está también preparando toda la información de manera coordinada y global para poderla hacer llegar a sus sedes. Mientras tanto, como ha podido saber este medio, en algunos de los centros donde se impartían formaciones, parte del alumnado ya había empezado a pedir incluso «certificados de asistencia a las clases». La razón era que en alguns sectores se había corrido la noticia de que quizás esta podía ser una manera de acreditar el tiempo de permanencia en el país. Algo carente de sentido y por lo que se ha tenido que frenar la expedición de estos documentos para evitar confusiones y frustraciones posteriores.
Voluntarios «para rebajar la ansiedad» y «evitar falsas esperanzas»
Un mar de incertidumbres, todavía más cuando hoy mismo el President de la Generalitat aseguraba que el Consell “dará la batalla política y legal” para detener el decreto del Gobierno. Informaciones confusas que aumentan el desconcierto de personas inmigrantes. Quizás por eso, desde Cáritas explicaban que ya hay voluntarios que están trabajando «para rebajar la ansiedad y evitar falsas esperanzas».
«No es la primera vez que llega la ‘desinformación’ a los sectores de la población más vulnerables y se colapsan muchos servicios por noticias falsas», alertan quienes trabajan en el área de lo social. Precisamente por eso «hasta poder dar respuestas reales o poder asegurar con claridad qué se necesita en cada caso o quienes pueden acceder a una medida que ya ha venido envuelta de ruido político y social, se apela a la prudencia. Y muy en especial desde quienes viven en primera linea el drama de la frustración de personas que creían, con esta medida, ver una salida a una situación desesperada bajo la que se esconden quienes se lucran con esta realidad
