La realidad o la angustia diaria de quienes buscan vivienda o están pagando alquileres desproporcionados por espacios mínimos es una problema extendido. Castellón, hasta hace un tiempo, territorio donde aún quedaban posibilidades, ya no es ninguna excepción. Por eso, ahora una moción que se debatirá en el pleno municipal de junio propone limitar la creación de viviendas de reducidas dimensiones y adaptar la normativa urbanística a la realidad actual de la ciudad.
La iniciativa plantea suspender durante un año la autorización de nuevas viviendas en planta baja cuando alguna de las resultantes tenga una superficie útil igual o inferior a 45 metros cuadrados. El objetivo es evitar que espacios cada vez más pequeños acaben consolidándose como solución residencial.
La propuesta que presenta el gripo municipal socialista, señalan que parte «de la preocupación por el aumento de operaciones inmobiliarias que transforman locales o espacios muy reducidos en viviendas.» Sus impulsores alertan de que esta tendencia puede derivar en situaciones de infravivienda y rebajar progresivamente los estándares de calidad residencial.
Una normativa urbanística adaptada a las necesidades
Además de la suspensión temporal de licencias, la moción propone modificar el Plan General para actualizar la normativa urbanística y adaptarla a las necesidades sociales y residenciales actuales. Aountan que su intención es definir un modelo urbano que garantice unas condiciones mínimas de habitabilidad y evite que cualquier espacio pueda convertirse en una vivienda.
La iniciativa defiende que la ciudad necesita aumentar la oferta residencial, pero sin renunciar a criterios básicos de calidad. En este sentido, plantea que el crecimiento del parque de viviendas vaya acompañado de requisitos que aseguren espacios adecuados para vivir.
Los promotores de la moción consideran que el encarecimiento del mercado y la reducción progresiva del tamaño de algunas viviendas pueden agravar los problemas de acceso a una residencia digna. Por ello, reclaman abrir un debate sobre los límites que debe establecer la normativa para proteger la calidad de vida de los futuros residentes.
La propuesta será debatida en el pleno municipal del próximo 25 de junio y pone sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas urbanísticas para evitar que la falta de vivienda termine favoreciendo modelos residenciales de dimensiones cada vez más reducidas.
