Marta Barrachina también reclama al Gobierno de España el dinero que debe a la provincia por las entregas a cuenta, “un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más”
Un total de 79 representantes municipales han suscrito el manifiesto impulsado por la presidenta de la Diputación de Castellón en el que solicitan al Gobierno Central el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos.
El documento fue promovido por la máxima representante de la institución provincial en el cierre de la Cumbre de Alcaldes celebrada el pasado 28 de abril, donde invitó a que los alcaldes y alcaldesas
asistentes firmasen dicho manifiesto. Tras ello, la signatura se ha hecho extensible a los representantes de los 135 municipios de la provincia Castellón para alzar la voz de forma unánime y con más fuerza. Sin embargo, como lamenta la dirigente provincial, “la importante falta de firmas de PSOE y Compromís evidencia que anteponen los intereses partidistas a los intereses de sus vecinos y vecinas”, ha lamentado la dirigente provincial.
La presidenta de la Diputación de Castellón ha continuado diciendo que “es inconcebible que los diputados de los grupos de la oposición en la institución provincial, alcaldes o concejales en su municipios, den la cara en el pleno apoyando una moción con el mismo objetivo, y días más
tarde den la espalda y no apoyen un manifiesto que tiene como fin exigir al Gobierno de España que desbloquee las reglas fiscales y permita el uso de los remanentes municipales”.
A través del manifiesto, los alcaldes y alcaldesas firmantes muestran su preocupación por la situación actual de limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales. Como se indica en el manifiesto, las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, limitando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.
Por todo, las personas firmantes solicitan el desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales; la autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible; el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos.
Y es que “permitir el uso de los remanentes supondría impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía”, ha subrayado la presidenta de la Diputación.
El último pleno celebrado en la Diputación de Castellón, aprobó una moción impulsada por el Gobierno Provincial con el fin de instar al Gobierno de España a que, de manera inmediata,
apruebe un Real Decreto-ley que suspenda o flexibilice la regla de gasto y el principio de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2025 y 2026, permitiendo a las Entidades Locales utilizar la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales, sin las restricciones actuales, para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán.
La moción fue aprobada con los votos del Gobierno Provincial y el Grupo Socialista, la abstención de Compromís y el voto en contra de Vox. Al igual que el manifiesto firmado, a través de la moción también se solicita que se permita a los ayuntamientos destinar dichos remanentes a gasto
corriente y no solo a Inversiones Financieramente Sostenibles, dotando a las administraciones locales de autonomía para decidir las necesidades más urgentes de sus ciudadanos. Asimismo, también se reclama que se agilicen los plazos y mecanismos para la incorporación de
estos remanentes en los presupuestos municipales tras la liquidación, evitando la parálisis de los fondos por trámites burocráticos. “Necesitamos alzar la voz y reivindicar para poder gastar nuestros
ahorros”.
Entregas a cuenta
Dentro de esas reivindicaciones, la presidenta de la Diputación continúa alzando la voz en cuanto a la deuda que mantiene el Gobierno de España con la institución provincial. La máxima dirigente reclama el dinero que debe a la provincia por las entregas a cuenta, “un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más”.
Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Gobierno, Héctor Folgado, ha incidido en que “la ausencia de aprobación de Presupuestos Generales del Estado desde el 2023 conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo”. Por ello “seguimos exigiendo la actualización real de las entregas a cuenta para 2026 según el aumento de la recaudación de los tributos del estado durante 2023, 2024 y 2025”. “Desde el Gobierno de la Diputación vamos a seguir exigiendo lo que es justo y corresponde a la provincia de Castellón”, ha añadido Héctor Folgado.
