En 2005, España ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, dando inicio a una etapa de desarrollo normativo orientada a reducir el consumo y a proteger a la población frente al humo ambiental de tabaco.
Desde entonces, se ha implementado medidas clave, como la regulación de espacios sin humo o las restricciones a la publicidad, que ha tenido un impacto claro en la salud pública.
Tras la aprobación de las leyes de 2005 y 2010, uno de los cambios más evidentes ha sido la reducción de la exposición al HAT, especialmente en espacios públicos cerrados. Estas leyes han contribuido a modificar normas sociales en torno al consumo de tabaco y a disminuir la exposición involuntaria de la población, con un impacto directo en la reducción de la carga de patologías asociadas. El impacto del tabaco en la salud sigue siendo muy elevado.
En España, se estiman entre 50.000 y 60.000 muertes anuales atribuibles a su consumo, lo que se sitúa como una de las principales causas evitables de mortalidad.
Asimismo, esta carga presenta diferencias importantes por sexo: mientras que los hombres la mortalidad atribuida está disminuyendo, en mujeres continúa en ascenso, reflejando la evolución más tardía de la epidemia de tabaquismo en ellas. Al mismo tiempo, se continúan observando desigualdades en el consumo de tabaco, ya que sigue siendo más frecuente en personas con menor nivel educativo, especialmente hombres.
Además, el abandono del hábito es menos probable en ese grupo, sin distinción de sexos. Esto contribuye a consolidar un patrón de inequidad en salud que plantea importantes desafíos para las políticas de prevención.
A pesar de las limitaciones, los avances logrados en estas dos décadas han sido posibles gracias a la acción coordinada de instituciones públicas, sociedades científicas, organizaciones sociales y una ciudadanía cada vez más implicada. Este esfuerzo conjunto ha permitido generar evidencia, impulsar medidas regulatorias y consolidar el control de tabaquismo como una prioridad en salud pública.
Veinte años después de la ratificación del Convenio Marco, la evidencia es clara: las políticas de control del tabaquismo funcionan. El reto ahora es aplicarlas con mayor intensidad y adaptarlas a un contexto cambiante para seguir reduciendo el impacto del tabaco en la salud de la población.
