La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España que respete la autonomía de las entidades locales y les permita utilizar sus propios recursos para invertir en servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
Con este objetivo, el Gobierno Provincial ha impulsado una moción que será debatida en el pleno ordinario de 22 de abril, con la que se insta al Ejecutivo central a modificar la legislación actual y permitir que los ayuntamientos y diputaciones puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles.
“La falta de Presupuestos Generales del Estado entorpece la situación financiera de quienes nos esforzamos por mantener unas cuentas saneadas, y los principales perjudicados son los ciudadanos, ya que esta situación afecta directamente a la gestión de los servicios públicos de sus municipios”, ha lamentado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
Barrachina ha defendido el papel de las administraciones locales como garantes del bienestar ciudadano y ha reclamado al Gobierno de España que no limite su capacidad de actuación: “No podemos permitir que decisiones arbitrarias castiguen a las administraciones que han hecho bien su trabajo y que ahora se ven impedidas de reinvertir su superávit en mejoras para sus municipios”.
La moción alerta sobre el recorte de la aportación estatal a los ayuntamientos y critica la decisión del Ministerio de Hacienda de limitar el uso del superávit exclusivamente al pago de deuda, sin posibilidad de invertirlo en proyectos municipales. “Hay ayuntamientos que no tienen deuda. ¿Qué sentido tiene que se les impida destinar sus propios fondos a mejorar sus calles, espacios públicos, centros sociales o servicios esenciales?”, ha cuestionado la presidenta provincial.
Por ello, la Diputación de Castellón reclamará al Gobierno de España que actualice y revise la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permitiendo a las entidades locales utilizar sus ahorros para atender sus propias necesidades.
La propuesta también incluye instar al Ejecutivo a adoptar medidas legislativas urgentes que garanticen el abono inmediato de las entregas a cuenta por la participación en los tributos del Estado (PTE), tal y como se anunció en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada en julio.
