Se ratifican 7 años de inhabilitación especial para Ramón Tomás, exconcejal de Servicios Públicos, por prevaricación administrativa
Ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, debido a un continuado delito de prevaricación administrativa, es la condena que el Tribunal Supremo ha confirmado para Juan José Rubert Nebot, excalde de Vila-real, al que también se le rechaza el recurso presentado con anterioridad. Rubert fue alcalde de la localidad en el periodo 2007-2011.
El delito se produjo en la adjudicación de dos obras en las que la Sala Penal considera que no se siguió el procedimiento correcto, tanto en la contratación como en la licitación. Además se argumenta que se produjo manipulación en los trámites de las facturas correspondientes para no sobrepasar el importe que obligaría a la licitación pública de los contratos y, también, haciendo referencia a servicios que la empresa PIAF ni siquiera llegó a realizar.
También se han ratificado 7 años de inhabilitación especial para Ramón Tomás, el entonces concejal de Servicios Públicos, por prevaricación administrativa.
Se absuelve a Antonio Pons, expresidente de la constructura PIAF, por la falta de hechos que ratifiquen su participación en los delitos.
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