El alcalde de Vila-real, José Benlloch, solicitará una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para abordar la situación de “quiebra” a la que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las moratorias a la ley urbanística valenciana puede abocar a la ciudad de Vila-real.
“Los técnicos y servicios jurídicos municipales están calibrando todavía el impacto que puede tener la decisión del TC, que puede ser fatal para los y las vila-realenses, que todavía hoy tenemos que estar pagando la herencia del urbanismo de monopoly y los empastres de la gestión del Partido Popular en nuestra ciudad entre los años 2007 y 2011 principalmente”, lamenta Benlloch. En esta línea, el alcalde recuerda que en esta última década el Ayuntamiento ha pagado ya más de 55 millones de euros de “herencia del PP”, entre sentencias urbanísticas, convenios y préstamos.
“Si se confirma el impacto y el riesgo que la sentencia de inconstitucionalidad puede tener en Vila-real, vamos a pedir de manera inmediata una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, que es el presidente también de todos los y las vila-realenses, para exigir soluciones. Porque fue su partido, el PP, el responsable de la gestión que nos puede llevar a la ruina y porque los vecinos y las vecinas de Vila-real no se merecen seguir pagando las consecuencias del mal llamado urbanismo a coste cero; a coste cero para ellos, que no pagaron ni un euro, pero que a Vila-real nos ha salido y nos saldrá muy caro”, argumenta el alcalde.
En esta misma línea, Benlloch recuerda que el Pleno de Vila-real aprobó por unanimidad de todos los grupos introducir en los próximos presupuestos de la Generalitat una nueva prórroga de la moratoria a la ley -que vencía a final de año- para evitar, precisamente, “la sangría que las expropiaciones rogadas puede suponer para nuestra ciudad”. “No vamos a tirar la toalla y seguiremos luchando, con todos los medios a nuestro alcance, para que la herencia del PP no lastre el futuro de Vila-real”, concluye el alcalde, quien recuerda que Vila-real no es el único municipio valenciano afectado por esta resolución del Tribunal Constitucional.
Foto: archivo
