La subvención permitirá a ayuntamientos y mancomunidades activar su economía local
La Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón ha aprobado la ejecución de los proyectos integrados en el plan Reactivem Obres, que supone la concesión de subvenciones a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales de la provincia para que desarrollen obras que permitan “estimular la actividad económica y laboral en nuestros municipios”, según ha señalado el presidente de la Diputación, José Martí.
El Plan Reactivem Obres, que ha impulsado este año como novedad el equipo de gobierno, tiene un presupuesto de 5 millones de euros y está orientado a “convertirse en una herramienta más para nuestros pueblos, que en esta época de pandemia necesitan de los mayores recursos para hacer frente a la recuperación económica”, ha señalado José Martí.
Estas ayudas financian exclusivamente iniciativas que se alinean con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. El presidente de la Diputación, José Martí, ha explicado que “así dejamos patente que la recuperación económica tiene que sustentarse en principios como la transición ecológica, la digitalización y la industrialización sostenible“.
Los ayuntamientos, atendiendo a las bases que se aprobaron en su día, podían ejecutar a cargo de fondos provinciales inversiones como la implantación o la renovación de redes de abastecimiento de agua, la modernización del alumbrado público, la mejora de la accesibilidad, la recuperación y ampliación de zonas verdes o actuaciones que permitiesen a los municipios avanzar en su desarrollo como ‘smart cities’.
La ‘Nueva Diputación’ decidió incorporar en las bases de este programa, como ya hizo el año pasado en el ‘Plan 135’, criterios que beneficiasen a los municipios que cuentan con menos recursos y con más de un núcleo urbano. Así pues, se ha establecido una subvención mínima de 24.000 euros para las poblaciones con menos de 100 habitantes y un máximo de 84.000 euros para la ciudad de Castelló. El resto de cantidades se han establecido según el número de población y por cada pedanía se han añadido 2.000 euros a los ya fijados, con un máximo de 8.000 euros.
