29 de octubre: segundo aniversario de la DANA
- Greenpeace se une a entidades vecinales, comités locales de emergencia, organizaciones agrarias, ecologistas, colectivos sociales y asociaciones de víctimas para exigir un giro radical en las políticas de reconstrucción tras la DANA
- El manifiesto incluye un decálogo de demandas con medidas urgentes como la moratoria inmediata a proyectos en zonas inundables, la renaturalización de cauces y huertas, así como políticas que garanticen el derecho a la vivienda y la movilidad colectiva
- Además de medidas de adaptación, la alianza también exige el fin de los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático, así como impuestos extraordinarios a las multinacionales petroleras y gasistas para evitar que la factura de estas catástrofes recaiga sobre la ciudadanía
Dos años después de la DANA más devastadora de la historia de España, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población. Este es el mensaje principal del MANIFIESTO CONJUNTO que han lanzado más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector social, así como organizaciones agrícolas y ecologistas, entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología).
La alianza denuncia que, transcurridos dos años del desastre y tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe. Frente a ello, los colectivos reclaman una transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.
El manifiesto incluye un decálogo de demandas prioritarias de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de obligado cumplimiento para las Administraciones a nivel local, autonómico y estatal. Plantea una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C. Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos.
“Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la DANA sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”, ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre.
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que “reconstruir no es volver al modelo intensivo. Los suelos vivos con cubierta vegetal retienen agua y frenan la erosión. Los setos, ribazos y bosques de ribera ralentizan las riadas y dan refugio a la fauna auxiliar. Pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras. El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción”.
“Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es un profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha señalado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace.
En el plano urbanístico e hidrológico, exige una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos. Esta transición se apoya en una estrategia decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo.
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el corazón de la reconstrucción, exigiendo el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de “ciudades de 15 minutos” frente a la dependencia individual del coche.
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman urgentemente regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones. Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos.
