El ayuntamiento de Burriana ha modificado el sistema de tramitación del padrón municipal. Lo ha hecho tras detectar conductas ilegales derivadas del actual Proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria de Personas Migrantes.
Las alarmas saltaron al comprobarse la existencia de domicilios que albergaban a un número elevado de personas con la única intención de inscribirse en el mismo inmueble para obtener la documentación administrativa necesaria para dicho proceso.
Ante esta situación, los técnicos del ayuntamiento han puesto en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil todos los expedientes abiertos en los que se ha verificado que no se cumplían los requisitos legales.
Asimismo, los funcionarios municipales actúan de oficio abriendo un expediente de investigación caso por caso ante cualquier indicio que genere desconfianza en el proceso. En el marco de estas inspecciones, ya se han detectado documentos falsos utilizados con el fin de obtener ayudas o beneficios sociales de forma ilícita.
Investigación frente a sospechas
Con el objetivo de erradicar estas prácticas, el equipo de gobierno, junto con los técnicos municipales, han eliminado la automatización del proceso del padrón, sustituyéndolo por una fiscalización más exhaustiva. Esto faculta a los trabajadores del ayuntamiento a iniciar los expedientes de investigación que consideren necesarios en caso de detectar conductas o informaciones posiblemente fraudulentas.
En paralelo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ya está estudiando fórmulas legales para alargar el periodo de convivencia previo exigido en Burriana a la hora de poder recibir determinadas ayudas del departamento de servicios sociales.
La concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha manifestado que «no vamos a permitir que se utilicen de forma fraudulenta los recursos públicos que pertenecen a los vecinos de Burriana. El padrón municipal es una herramienta de registro, que ha vivido prácticamente al borde del colapso las últimas semanas y por ello, hemos dotado a nuestros técnicos de los mecanismos necesarios para investigar cada caso sospechoso y denunciarlo de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Además, Monfort ha añadido que “estamos trabajando para revisar los requisitos de las ayudas de Servicios Sociales, garantizando que el apoyo institucional llegue de forma justa a quienes lo necesitan y realmente cumplen con la legalidad y el arraigo necesario en nuestro municipio.»
