- La OPE incluirá alrededor de 500 plazas del cuerpo C2 Auxiliar Administrativo y cerca de 500 de la agrupación profesional funcionarial de subalternos (APF)
- La Dirección General de Función Pública mantiene este martes una reunión con las organizaciones sindicales en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura
La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, convocará en 2026 una oferta de empleo público (OPE) de más de 2.600 plazas, con el objetivo de reforzar la estabilidad del empleo público y avanzar en la incorporación de personal funcionario de carrera en la Administración de la Generalitat.
El director general de Función Pública, Javier Lorente, ha señalado que se trata de “una oferta de empleo público de carácter masivo, orientada a ofrecer plazas estables de funcionario de carrera y a reducir la temporalidad, en coherencia con el compromiso del Consell con una Administración profesional, eficaz y orientada al servicio público”.
Lorente ha destacado que la planificación de recursos humanos de esta legislatura refleja un incremento sostenido de las convocatorias de empleo público. “En 2024 se aprobó una OPE de 1.179 plazas y en 2025 otra de 1.402 plazas. La previsión para 2026 supera las 2.600 plazas, lo que eleva a cerca de 5.200 las plazas ofertadas desde el inicio de la legislatura”, ha explicado.
Entre las plazas previstas para la OPE de 2026 se incluyen alrededor de 500 plazas del cuerpo C2 de Auxiliar Administrativo y cerca de 500 plazas de la agrupación profesional funcionarial de subalternos (APF), además de plazas correspondientes al resto de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat. La oferta contempla tanto el acceso libre en condiciones de igualdad como la promoción interna, favoreciendo la carrera profesional del personal al servicio de la Administración.
El director general ha subrayado que las ofertas públicas de empleo de la presente legislatura “apuestan claramente por procesos abiertos y competitivos, con criterios de igualdad, mérito y capacidad, y con vocación estructural, frente a modelos anteriores centrados de forma prioritaria en procesos de estabilización extraordinaria”.
Diálogo social y negociación colectiva
En relación con las reivindicaciones sindicales, Lorente ha recordado que “el diálogo social forma parte del funcionamiento ordinario de la Dirección General de Función Pública y se articula a través de las mesas sectoriales y los órganos de seguimiento previstos”. En este sentido, ha indicado que mañana está prevista una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura con las organizaciones sindicales, en la que se abordará el estado de las distintas medidas y compromisos en materia de empleo público.
Respecto a cuestiones como el teletrabajo o la jornada de 35 horas semanales, el director general ha señalado que se trata de medidas recogidas en el acuerdo de legislatura, “con un horizonte temporal que se extiende a lo largo de la misma y con plena voluntad de negociación y acuerdo”. No obstante, ha recordado que su implantación efectiva está condicionada al marco normativo y presupuestario estatal, en particular a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
