El megacontrato de basuras y limpieza viaria de Castellón podría estar en el aire. La empresa FCC Medio Ambiente ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló, que adjudicó el pasado 26 de mayo a TETMA, del Grupo Simetría, el nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión del Ecoparque. El recurso alega falta de transparencia en la motivación de la adjudicación y solicita su anulación y la suspensión cautelar de cualquier trámite hasta que el Tribunal se pronuncie.
FCC, que ya gestionaba el servicio de basuras en la ciudad, presentó oferta junto a FOBESA (ambas con compromiso de constituirse en UTE) y quedó clasificada en segundo lugar. La empresa alega que la adjudicación a TETMA se ha realizado sin motivación suficiente, ya que el informe técnico completo con la valoración de las ofertas técnicas (sobre B) no se ha publicado ni facilitado a los licitadores, amparándose el Ayuntamiento en una declaración genérica de confidencialidad.
Según FCC, el informe que sí fue publicado es incompleto y se limita a reproducir de forma genérica los criterios de adjudicación, sin detallar las razones por las que se asignaron determinadas puntuaciones. Esta falta de información, aseguran, impide conocer por qué se valoró mejor la oferta de TETMA y vulnera, según la empresa recurrente, el principio de transparencia y su derecho a la defensa.
En su recurso, FCC solicita la anulación de la adjudicación y la retroacción del procedimiento para que se publique el informe técnico completo y se motive correctamente la decisión. Subsidiariamente, pide el acceso a la documentación y un nuevo plazo para completar el recurso. Además, ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la tramitación del expediente de contratación mientras se resuelve el procedimiento.
El contrato, uno de los más cuantiosos del consistorio, tiene un valor estimado de más de 325 millones de euros y una duración de diez años.
