SENTENCIA CASO PIAF
El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido esta mañana notificación de la sentencia del caso Piaf, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público al exalcalde del Partido Popular, Juan José Rubert, por un delito continuado de prevaricación administrativa. El exconcejal Ramón Tomás ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el mismo delito y Antonio Pons Dols, consejero de Piaf, empresa condenada por la trama Gürtel de financiación ilegal del PPCV, cumplirá otros ocho años y seis meses por cooperación necesaria.
“Después de 10 años de lucha para defender los intereses de Vila-real frente a las irregularidades y facturas falsas detectadas en la relación contractual con Piaf, la sentencia recibida hoy, y que estudian ya con detenimiento nuestros servicios jurídicos, avala que existió en nuestra ciudad una trama, una connivencia organizada entre una empresa, condenada por financiación ilegal del Partido Popular, y el gobierno municipal”, señala el alcalde de Vila-real, José Benlloch. “Nuestro objetivo ha sido siempre defender los intereses de los y las vila-realenses, evitar que de los bolsillos de la ciudad se pagara ni un euro que no correspondiera pagar. Esta sentencia avala esta gestión y será fundamental para seguir defendiendo los intereses de la ciudad con más fuerza en el caso de que se reactivasen los procedimientos judiciales que quedaron paralizados a la espera de la resolución del proceso penal”, incide el primer edil. En esta línea, Benlloch recuerda que hay en estos momentos más de seis procedimientos judiciales paralizados por la investigación del caso Piaf.
“Ante la campaña de desprestigio y las acusaciones de caza de brujas y campaña política que hemos tenido que soportar todos estos años, el fallo de los magistrados demuestra que nunca ha sido así y que este Ayuntamiento y esta Alcaldía trabajan con seriedad con un objetivo único: defender a Vila-real por encima de todo”, argumenta.
El caso Piaf arrancó en 2011, poco después de asumir Benlloch la alcaldía de Vila-real, cuando la apertura de una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente realizados ni acreditados. Estas comprobaciones llevaron al primer edil a anular el pago de las facturas, buena parte de ellas endosada por el exalcalde a un banco estando ya en funciones de su cargo. De esta manera, Benlloch evitó el desembolso de las arcas públicas de 600.000 euros en facturas falsas. “Ese ha sido siempre nuestro objetivo: que no se destine ni un euro de los vila-realenses a cuestiones que no corresponda pagar”, concluye el alcalde de Vila-real.
