El gobierno municipal de Vila-real estudiará emprender las acciones legales pertinentes contra la “difamación continuada” por parte de los concejales del grupo municipal de Compromís contra ediles del ejecutivo local. El portavoz municipal, Javier Serralvo, ha advertido de esta situación, tras conocer las declaraciones realizadas esta mañana por María Fajardo, Santi Cortells y Balma Llansola en las que acusaban al propio Serralvo de mentir y a la concejala de Educación, Aida Beteta, de estar en situación laboral irregular.
“No sólo mienten y difaman, sino que, además, ni siquiera hacen el trabajo por el que la ciudadanía de Vila-real les paga, ya que el cambio de régimen laboral se ha publicado, con total transparencia, en sede electrónica e incluso en el BOP. De hecho, ni siquiera se han molestado en preguntar ni a la interesada ni a Recursos Humanos y sólo han preguntado en la Comisión Informativa hoy, media hora después de hacer públicas estas calumnias. De esta manera, demuestran claramente que actúan de mala fe”, denuncia Serralvo, quien se reitera en las afirmaciones por las que Compromís le acusó de mentir: “Es absolutamente cierto que los tres concejales de Compromís, María Fajardo, Santi Cortells y Balma Llansola, se encuentran en la misma situación laboral que Aida Beteta. Situación perfectamente legal, por otra parte”, agrega.
Beteta inició los trámites para cambiar su régimen laboral el pasado 7 de septiembre, remitiendo a la Conselleria de Educación un escrito en el cual solicitaba una reducción de jornada en su plaza docente. Ante la falta de respuesta del departamento que dirige Vicent Marzá -que, a día de hoy, sigue sin responder-, “en un ejemplo de responsabilidad”, la edil solicitó asesoramiento al secretario municipal y, el 8 de noviembre, solicitó el cambio de su situación laboral en el Ayuntamiento de dedicación a asistencias, “el mismo régimen que tienen los tres concejales de Compromís”.
La resolución de alcaldía, con efectos el 1 de diciembre, fue publicada en la sede electrónica el 24 de noviembre y en el Boletín Oficial de la Provincia el 8 de diciembre. “Sólo tenían que preguntar o hacer su trabajo y consultar las publicaciones oficiales. Pero han preferido, como siempre, mentir, acusarnos de falsedad y difamar al equipo de gobierno, llegando a afirmar que una concejala cobrando de manera fraudulenta del Ayuntamiento e incluso atreviéndose a dar cifras de supuestas ‘suculentas pagas’. Esta forma de actuar, a la que ya nos tienen lamentablemente acostumbrados, no puede quedar impune. Por eso, estudiaremos los medidas legales a emprender ante estas difamaciones”, señala Serralvo.
El portavoz municipal, además, puntualiza: “Si tuvieran un mínimo de dignidad y decencia política, al menos rectificarían públicamente y pedirían disculpas, pero quizás eso lo haría el Compromís de antes. El de ahora, completamente a la deriva y haciendo gala de la más baja política, prefiere seguir la máxima que ellos mismos han acuñado hoy: ‘difama, que algo queda”, lamenta.
