Entrevista publicada en el número 268 de revista POBLE.
Vicente García Nebot asegura que uno de los objetivos es agilizar los procedimientos y luchar por la despoblación del centro de las ciudades
El director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana cuenta con una gran experiencia en materia urbanística y en la actualidad está considerado como uno de los expertos más reconocidos en dicho ámbito. Vicente García Nebot asegura en POBLE que la “Comunitat tiene un problema estructural por la durabilidad del proceso para aprobar un documento urbanístico, que puede tardar del orden de 8, 12 o incluso 18 años” y advierte que “eso no tiene lógica, porque hace que el Plan General no sirva para dar seguridad jurídica”. En ese sentido, la Dirección General que dirige está trabajando y espera en esta legislatura solucionar la situación. Por otra parte, afirma que se han realizado ya “algunas variaciones en tema de las tasaciones para que los ayuntamientos entiendan que las valoraciones no pueden ser las que están saliendo de los juzgados. A partir de ahí podremos reconducir esta situación”, manifiesta.
En el caso de Vila -real reconoce que “cuando el mercado quebró, los propietarios sólo tenían el aprovechamiento que no sabían dónde situarlo porque no iban a poder construir y, por tanto, solo una opción, ir al Ayuntamiento y pedir la expropiación rogada”. Además, indica, “los juzgados comenzaron a fijar los precios que eran cuantías millonarias en euros. Por tanto, aquel urbanismo a coste cero provocó quejas y reclamaciones. Estalló todo. Incluso hubo propietarios que vendían su aprovechamiento a terceros y en estos dos meses, después pedían al Ayuntamiento la expropiación”.
Finalmente, asegura que la corporación actual “ha hecho lo que tenía que hacer, una modificación de la aplicación del suelo urbano para poder coger todo ese aprovechamiento flotante que hay es plasmarlo en una zona determinada. Los propietarios van a ver como en breve tendrá más valor y por tanto podrán materializarlo”, puntualiza.
¿Qué objetivos persiguen desde la Dirección General de Urbanismo para esta legislatura?
La Dirección General de Urbanismo tiene una función que está muy relacionada con los municipios, es muy directa, posiblemente sea la parte más municipalista de la Conselleria por su vínculo con la aprobación de los planes generales, de la ordenación del territorio… Por tanto, una de las misiones que se me encargan a mi es agilizar los procesos. Tenemos un problema estructural por durabilidad del proceso para aprobar un documento urbanístico, que puede tardar del orden de 8, 12 o incluso 18 años. Eso no tiene sentido, porque hace que el plan general no sirva para dar seguridad jurídica. Así pues, una de mis tareas esta legislatura es agilizar los procedimientos lo máximo que pueda y que un Plan General esté aprobado en una legislatura y no en tres. Para Vila -real, el objetivo principal que tengo es resolver el problema de los aprovechamientos urbanísticos y de las expropiaciones rogadas. Esa sangría no debe sufrirla la ciudad y se deben dar soluciones a los propietarios, ellos tienen que ver que ese dinero que ahora pueden cobrar se puede materializar en aprovechamiento edificable.
¿En qué situación se encuentra el riesgo jurídico y económico del consistorio de Vila -real?
El Plan General fue aprobado en 1993 creo recordar. Entonces había una ley que después fue declarada inconstitucional por razón de competencias, que fue la que inspiró este Plan General. Era muy novedoso, muy moderno, pero tuvo problemas de cara a la gestión urbanística. De modo que la zona se regulaba con el aprovechamiento urbanístico, algo que es como si fuera humo pero tiene valor. Había intercambios entre zonas verdes, solares,… transferencias urbanísticas. Vila -real era muy moderna porque utilizaba este método que no se empleaba en ningún lugar del país, y ahora todavía se está pagando, por eso las nuevas leyes a este sistema lo han apartado. Hace cuatro legislaturas, en plena burbuja urbanística, había una avalancha en la que el Ayuntamiento pensaba que había que obtener unos terrenos públicos, pero el propietario se reservaba el aprovechamiento y nos daba el hueso, y dicho hueso el Ayuntamiento se lo quedaba y lo reservaba. Eso no hubiera tenido que ser así, el mercado lo debería haber regulado, pero no lo reguló porque quebró. Y cuando quebró, pues los propietarios se habían dado cuenta que habían cedido sus propiedades, tenían el aprovechamiento que no sabían dónde situarlo porque no iban a poder construir y, por tanto, solo tenían una opción, ir al Ayuntamiento y pedir la expropiación rogada.
Se empezaron a hacer los procedimientos de expropiación y se intentó abaratar estas expropiaciones porque el propietario tenía lo que tenía, pero los juzgados comenzaron a fijar los precios que eran cuantías millonarias en euros. Por tanto, aquel urbanismo a coste cero provocó quejas y reclamaciones… Estalló todo. Incluso hubo propietarios que vendían su aprovechamiento a terceros y estos terceros dos meses después pedían al ayuntamiento la expropiación.
¿Qué puede hacer nuestro Ayuntamiento al respecto?
Lo que está haciendo. Ha hecho una modificación de la aplicación del suelo urbano y poder coger todo ese aprovechamiento flotante que hay y materializarlo en una zona determinada. Ya ha hecho una propuesta a la Conselleria, donde lleva ya demasiado tiempo por todos los informes que hacen falta, pero consideramos que ya es hora de solucionar este tema. Las cosas han cambiado y los propietarios van a ver como en breve ese aprovechamiento tendrá más valor y por tanto podrán materializarlo. Por parte de la Conselleria, volvemos a lo
que decía antes, agilizar y sacar esos informes cuanto antes para poder solucionar la mayor parte de ese aprovechamiento. Soy optimista y creo que se podrá solucionar. Hemos introducido algunos cambios para evitar la especulación en ese aprovechamiento, también hemos realizado algunos variaciones en el tema de las tasaciones para que los ayuntamientos entiendan que las valoraciones no pueden ser las que están saliendo de los juzgados y a partir de ahí podremos reconducir esta situación.
¿La situación de Vila -real se ha producido en otros municipios?
No es el único caso en toda la Comunitat, aunque tengo que decir que tan grave como el de Vila -real solo está el de Valencia.
Cada ciudad tiene unas características, ¿cómo se puede atender a las necesidades de todos los municipios?
La normativa es muy generalista y no recoge las diferencias entre los municipios de costa con viviendas turísticas, de las industriales como Vila -real o las grandes ciudades como Valencia, así como pueblos pequeños del interior. Hay que pensar y cambiar los trámites, hay que llevar a cabo paralelamente procedimientos que ahora se están realizando uno detrás de otro. Tenemos que dar estabilidad en la ley, porque beneficiará los procedimientos. Pienso que lo lograremos en esta legislatura y de hecho vamos a hacer un texto refundido de la ley para el primer semestre de este año.
¿Qué peculiaridades tiene el urbanismo en el conjunto de la Comunitat Valenciana?
En la Comunitat Valenciana tenemos una cosa que no tienen en otras comunidades, que es la estrategia territorial, de hecho me comentaba un funcionario que les costó mucho hacer los números para ver cómo podía crecer cada municipio en función de sus características, por eso hay una fórmula determinada según si es un municipio de costa, industrial, de interior… Por tanto, tenemos un diseño y es el que se está desarrollando, y ahora la estrategia y los planes de acción territorial están marcando unos límites que nos permitirán crecer como es lógico, nosotros tenemos derecho a hacer el urbanismo de nuestra generación, y nuestros nietos, el de la suya.
Usted cuenta con una destacada trayectoria, ¿se pueden trasladar las virtudes profesionales al ámbito de la política?
El día que me incorporé al puesto, le pregunté al conseller, Arcadi España, cuáles eran mis limitaciones, y me dijo que hiciese lo que yo sé hacer. Me ha dado la posibilidad de hacer aquello que a lo largo de mi vida profesional he venido realizando, ya que he estado en los dos lados de la trinchera, 10 años en la administración y 20 frente a la administración. Tengo una perspectiva muy enriquecida, que ahora puedo aplicar directamente. Uno de los aspectos que más me preocupan es la rehabilitación de viviendas, la lucha contra la despoblación de los centros históricos,… pues hay sistemas urbanísticos para rehabilitar la ciudad y hacer que el centro de las ciudades no se vea afectado por la despoblación, ya que cuenta con unas infraestructuras buenísimas de muchos años atrás, así que hay que propiciar que la gente quiera y pueda regresar al centro de la ciudad.
¿Cómo está viviendo esta etapa ahora en el que está siendo investigado?
Esta situación se produce por una vendetta de una funcionaria de un ayuntamiento en el que tuve que realizar el asesoramiento jurídico para que aquella persona que no estaba haciendo su trabajo como tocaba, la expulsaran de
la carrera funcionarial. La Dirección General de Administración Local la despidió y ahora ha montado un número en los juzgados. El juez ni siquiera me ha imputado, estoy a la espera que me pidan mi versión, pero es cierto que el PP ha
visto la oportunidad de atacar a mi persona ahora que estoy en la Dirección General de Urbanismo. Estoy muy tranquilo, todo se aclarará, por supuesto.
Finalmente, ¿cómo valora la puesta en marcha de las obras de la ronda Suroeste?
No es competencia directa mía pero como soy de Onda, tengo que decirle que me hace muy feliz que la ronda Suroeste esté más cerca, y así pues que el transporte pesado sea derivado por otras vías. La ronda nos dará más fluidez y más movilidad a todos. Es absolutamente necesaria y tenemos que felicitarnos de que estén las obras ya en marcha.
Texto: Juanjo Clemente
