- El gobierno municipal está promoviendo un parque de ocho viviendas en colaboración con la Caja Rural
- Ballester: “Seguimos trabajando para conseguir que todas las familias ondenses tengan derecho a una vivienda digna”
El Ayuntamiento de Onda está ultimando las obras de rehabilitación de las primeras viviendas del casco histórico para destinarlas a alquiler social. La alcaldesa, Carmina Ballester, junto al edil de Bienestar Social, Óscar Valero, supervisó los trabajos de las dos casas ubicadas en la calle Tremedal, una de las cuales ya está terminada a falta de instalar el mobiliario, y de la vivienda sita en la calle La Luz.
Así, durante los próximos meses los ondenses con mayor dificultad de acceso a un hogar ya podrán instalarse en estas casas que gestionará el consistorio y derivará a las familias que cumplan los requisitos a través de los servicios sociales municipales. A estas tres casas hay que sumar otras dos que cede la Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda y que están pendientes de la selección de las familias candidatas.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha adquirido recientemente tres antiguas casas anexas en la calle Portal de Valencia con el objetivo de reformarlas e incorporarlas al parque municipal de viviendas sociales al servicio de los ondenses que las necesiten. Este programa está cofinanciado por los fondos para el desarrollo regional (FEDER) de la Unión Europea.
“Con esta iniciativa cumplimos con el doble propósito de mejorar el servicio social a los ciudadanos y, por otra parte, recuperar espacios y viviendas degradadas del casco histórico para dinamizar la zona. En este equipo de gobierno nos comprometimos a no dejar a ningún vecino atrás y por eso trabajamos para conseguir que todas las familias tengan derecho a una vivienda digna”, ha apuntado la primera edil.
Ordenanza reguladora
Según establece el reglamento que se aprobó por unanimidad en Pleno, los Servicios Sociales se encargarán de valorar las unidades de convivencia candidatas y gestionar la asignación de las viviendas, además de incluir a los beneficiarios, siempre que reúnan los requisitos de las bases generales, en el programa de ayudas de emergencia social para dotarles de prestación económica con la que hacer frente al pago de la renta y gastos de comunidad, agua y luz. La estancia tendrá una duración inicial de un año, que se podrá ampliar a seis meses más si se justifica y mediante un informe social favorable. Las personas interesadas deberán presentar una solicitud y la documentación necesaria por el registro de entrada y, luego, una comisión técnica estudiará, valorará y puntuará cada uno de los casos.
Otro punto destacable de la ordenanza es que se tendrá en especial consideración a las familias monoparentales, víctimas de violencia de género y a aquellas personas con ascendientes o descendientes con discapacidad a su cargo.
