La formación de Jorge Alarcón asegura que lleva ocho meses solicitando información y plantea exigir responsabilidades políticas tras la operación de la Guardia Civil que se ha saldado con cuatro detenciones y 36 presuntos delitos
Units per Borriana iniciará contactos con el resto de grupos y concejales del Ayuntamiento de Burriana para tratar de reunir los apoyos necesarios con los que solicitar un pleno extraordinario monográfico sobre el padrón municipal. La formación pretende además que los responsables políticos de las áreas implicadas comparezcan ante la corporación para ofrecer explicaciones.
El anuncio llega después de conocerse una operación de la Guardia Civil que se ha saldado con cuatro detenciones y 36 presuntos delitos. La investigación ha permitido acreditar hasta el momento 26 empadronamientos ilegales, según la información difundida por la propia Guardia Civil.
El portavoz de Units per Borriana, Jorge Alarcón, relaciona la situación conocida ahora con las peticiones de información que asegura haber realizado durante los últimos ocho meses. Según explica, ha reclamado documentación sobre el padrón tanto en comisiones y plenos como a través de instancias registradas oficialmente en el Ayuntamiento.
«Ocho meses reclamando una información que la ley nos permite fiscalizar. Ocho meses de evasivas, silencio y bloqueo. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan ver la documentación?», cuestiona Alarcón.
La formación recuerda además que, después de meses reclamando información, el propio Ayuntamiento acabó reconociendo públicamente, según sostiene Units per Borriana, la existencia de domicilios con inscripciones sospechosas, posibles falsificaciones y que el padrón había estado «prácticamente al límite del colapso».
Alarcón no establece una relación directa entre aquellas manifestaciones y las reclamaciones realizadas por su grupo, aunque considera significativa la coincidencia temporal. «Nosotros preguntábamos, insistíamos y registrábamos peticiones. Poco después, el gobierno reconocía que algo grave estaba ocurriendo», señala.
A partir de la situación conocida, Units per Borriana centra ahora sus exigencias en determinar qué información tenía el equipo de gobierno sobre las posibles irregularidades, desde cuándo disponía de ella y por qué, según denuncia la formación, no se le ha permitido acceder durante estos meses a la documentación que venía solicitando.
«¿Qué sabía el gobierno, desde cuándo lo sabía y por qué durante ocho meses nos ha impedido fiscalizarlo?», plantea el portavoz. Alarcón asegura asimismo que han llegado a la formación, por distintas vías, testimonios de vecinos que relatan haberse encontrado con personas desconocidas empadronadas en sus domicilios. Units per Borriana considera que los 26 casos acreditados hasta ahora obligan a aclarar cuál puede ser el alcance de las irregularidades.
«¿Y si esto es solo la punta del iceberg? ¿Cuántos casos hay realmente? ¿Cuántas personas pueden acabar apareciendo relacionadas con estas irregularidades? Precisamente por eso queremos documentos y no más excusas», afirma.
El grupo municipal pone también el foco en las consecuencias que puede tener la gestión del padrón, al considerar que no se trata únicamente de un trámite administrativo. Alarcón recuerda que condiciona la planificación de los servicios de una ciudad que ronda los 41.000 habitantes y tiene efectos en numerosos procedimientos administrativos.
La siguiente iniciativa de Units per Borriana será trasladar el asunto al pleno. Para ello buscará los apoyos necesarios para solicitar una sesión extraordinaria dedicada específicamente al padrón y planteará la comparecencia de los responsables políticos de las áreas implicadas.
La formación quiere que en ese pleno se responda, fundamentalmente, a tres cuestiones: qué sabía el gobierno municipal y desde cuándo, por qué se habría bloqueado durante ocho meses el acceso a una información que Units considera que tenía derecho a fiscalizar y quién debe asumir las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de lo ocurrido.
Alarcón advierte de que su grupo llegará a reclamar dimisiones si considera que los responsables políticos no han actuado adecuadamente. «Queremos documentos, explicaciones y responsabilidades. Y, si es necesario, dimisiones».
El portavoz dirige finalmente sus críticas al alcalde, Jorge Monferrer, al que reclama que facilite la información y explique la actuación del gobierno municipal durante estos meses. «El señor Monferrer tiene que empezar por su propia casa. Aquí ya existe un bloqueo injustificado de la información. Ahora queremos saber qué había detrás», concluye Alarcón, quien insiste en que, si existen responsables políticos que «no han estado a la altura», su formación exigirá responsabilidades.
