Castellón ha cerrado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes con 19.090 solicitudes presentadas entre el 16 de abril y el 30 de junio. La cifra sitúa a la provincia entre las de mayor incidencia de España en relación con su población y confirma el elevado interés que ha despertado una medida con la que miles de personas aspiran a regularizar su situación administrativa y acceder con mayores garantías al mercado laboral.
Aunque las previsiones iniciales apuntaban a unas 24.000 solicitudes, el balance definitivo refleja una participación muy elevada durante los poco más de dos meses que ha permanecido abierto el procedimiento. En el conjunto de España se han contabilizado cerca de 1,18 millones de expedientes, de los que una parte importante ya ha comenzado a tramitarse.
El desarrollo del proceso ha supuesto un importante esfuerzo para las entidades sociales y los profesionales autorizados para colaborar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además de resolver dudas sobre los requisitos, han prestado apoyo en la preparación de la documentación y en la presentación de unos expedientes que, en muchos casos, exigían reunir numerosos certificados y acreditar diferentes circunstancias personales y familiares.
Entre las entidades que han colaborado en este proceso se encuentra el Centro de Desarrollo Rural (CDR) Palancia Mijares, que desde su incorporación como entidad colaboradora ha gestionado 70 expedientes en las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. En esta zona, las personas de nacionalidad colombiana fueron las que más recurrieron al servicio de asesoramiento, con 19 expedientes, seguidas por Venezuela (16) y Honduras (11). También recibieron apoyo ciudadanos de Perú, Argelia, Nigeria, Argentina, Albania, Cuba, Bolivia, Uruguay, Marruecos y Paraguay.
El perfil de las personas atendidas refleja que el proceso ha tenido un marcado carácter familiar. De los expedientes gestionados por el CDR, 19 correspondían a menores de edad, mientras que el resto fueron personas adultas, con una presencia ligeramente superior de mujeres. La mayor parte del trabajo se centró en revisar y completar la documentación necesaria antes de formalizar las solicitudes, especialmente cuando era preciso acreditar la situación de todos los integrantes de una misma unidad familiar.
Además de la atención individual, las entidades colaboradoras organizaron reuniones informativas en distintos municipios y atendieron numerosas consultas de personas interesadas en conocer si cumplían los requisitos para acogerse a esta medida extraordinaria. En muchos casos, este acompañamiento resultó decisivo para completar correctamente la tramitación.
Los datos publicados por el Ministerio reflejan también el impacto que ya está teniendo la regularización en el mercado laboral. Hasta el 30 de junio se habían registrado más de 159.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social relacionadas con este proceso, principalmente en sectores como la hostelería, el comercio, la construcción y las actividades administrativas.
Los economistas consideran que esta incorporación de trabajadores puede ayudar a cubrir vacantes en actividades con escasez de mano de obra, aunque también advierten de que supondrá una mayor demanda de servicios públicos como la sanidad, la educación y la vivienda.
Con el cierre del plazo ya no podrán presentarse nuevas solicitudes, pero el procedimiento entra ahora en una fase decisiva. Durante los próximos meses, miles de personas permanecerán pendientes de la resolución de sus expedientes y de posibles requerimientos para aportar nueva documentación o corregir errores. Por ello, las entidades que han participado en el proceso recomiendan revisar con frecuencia las notificaciones y el correo electrónico para responder dentro de los plazos establecidos y evitar incidencias que puedan retrasar la resolución.
Castellón se sitúa así entre las provincias donde esta medida ha tenido una mayor repercusión, tanto por el volumen de solicitudes registradas como por el trabajo desarrollado por entidades sociales y profesionales para facilitar el acceso al procedimiento. Ahora, la atención se centra en la resolución de los expedientes y en el acompañamiento a las personas que continúan a la espera de una respuesta definitiva por parte de la Administración.
