Municipios como Moncofa o Nules ya han mostrado su malestar ante la estimación deñ Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios preceptos de la ley valenciana de protección y ordenación de la costa. La resolución afecta a la norma que pretendía ofrecer cobertura jurídica a conjuntos de casas o “núcleos etnológicos”. Una calificación que el Constitucional estima que no es competencia autonómica. Dicho de otro modo, que el temor a los derribos ha vuelto en los vecinos de las construcciones que ya peligraban.
Sin embargo, hay que aclarar que el fallo no anula la ley en su totalidad aunque matiza y limita el alcance de algunas de sus disposiciones. Así el tribunal considera contrarios a la Constitución el artículo 17 y la disposición final primera en la medida en que «se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre». Además, anula la disposición adicional cuarta, relativa a la elaboración de un inventario de terrenos degradados.
Vuelve la cuestión de las competencias
Esto implica que la parte de la norma autonómica que pretendía que algunos enclaves pudieran acogerse a un régimen de protección patrimonial para impedir o dificultar su demolición se tumba. Aunque como apuntó el mismo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, al conocer la decisión de Tribunal Constitucional de este jueves, el pronunciamiento “no dice que nuestra ley no sea válida, sino que la protección de esos núcleos etnológicos no le debe corresponder a las autonomías, sino a la Administración del Estado”.
La esperanza, por tanto, parece no estar perdida del todo, y tratarse solo de una cuestión de administraciones y posteriormente de la voluntad y posibilidad de implementar una figura de protección válida para este caso. Pese a esto, alcaldes de localidades como Nules o Moncofa, ya han mostrado su decepción frente al revés que supone esta decisión del TC.
