La industria logra que el Parlamento Europeo respalde un cambio en el reparto de los derechos gratuitos que permitiría evitar un sobrecoste superior a los 100 millones de euros anuales
La industria cerámica de Castellón tiene ante sí la posibilidad de evitar uno de los incrementos de costes que más preocupaban al sector de cara a los próximos años. El Parlamento Europeo ha respaldado una modificación del sistema de asignación de derechos gratuitos de emisión de CO₂ que, de salir adelante definitivamente, permitiría reducir de forma considerable la carga económica prevista para los fabricantes de azulejos.
Las estimaciones de la patronal Ascer situaban por encima de los 100 millones de euros anuales el impacto que podría tener sobre la industria española la reducción del 34% de las asignaciones gratuitas contemplada inicialmente por Bruselas para el periodo 2026-2030.
Ese escenario podría cambiar después de que la Eurocámara haya dado su apoyo a la creación de un sistema de cálculo específico para la cerámica, una reivindicación que el sector viene defendiendo por las particularidades de su actividad productiva y su elevada dependencia energética.
La propuesta no solo permitiría evitar el recorte inicialmente previsto, sino que podría traducirse en un incremento del 12% de los derechos gratuitos, aunque su aplicación dependerá del resultado de las negociaciones que todavía deben mantenerse entre las instituciones europeas.
El consumo de gas, en el centro del problema
La fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos requiere procesos industriales que alcanzan temperaturas muy elevadas. Esta circunstancia convierte al gas natural en un recurso fundamental para las empresas, que todavía encuentran importantes limitaciones tecnológicas para sustituirlo a gran escala.
Sin embargo, el sistema europeo de comercio de emisiones no dispone actualmente de un valor de referencia propio para la industria azulejera. Su actividad se encuentra incluida en un parámetro general relacionado con el uso de combustibles, compartido con otros sectores cuyas características productivas pueden ser muy diferentes.
Esta metodología ha sido uno de los principales motivos de preocupación para los fabricantes, ya que las asignaciones gratuitas se calculan sin reflejar suficientemente las condiciones particulares de la producción cerámica.
El cambio planteado en Bruselas consiste en establecer referencias diferenciadas cuando existan razones técnicas que justifiquen un tratamiento específico. Para ello se tendrán en cuenta aspectos como la tecnología utilizada, las características de las instalaciones y los niveles de eficiencia alcanzados por las empresas.
El objetivo es que los derechos gratuitos se distribuyan a partir de criterios comparables dentro de cada actividad industrial, manteniendo las exigencias de reducción de emisiones, pero adaptando su aplicación a las posibilidades reales de cada sector.
Un alivio para una industria estratégica en la provincia
La importancia de esta decisión va más allá de las propias fábricas de azulejos. La cerámica constituye uno de los pilares de la economía castellonense y mantiene una estrecha relación con numerosas actividades auxiliares, desde la fabricación de esmaltes y maquinaria hasta el transporte y otros servicios industriales.
La evolución de los costes energéticos, la presión de los mercados internacionales y las inversiones necesarias para modernizar los procesos productivos forman parte de los desafíos que afrontan las empresas.
En este contexto, una reducción considerable de los derechos gratuitos de emisión añadiría nuevas dificultades a la actividad del sector, al obligar a los fabricantes a adquirir una mayor cantidad de derechos para cubrir sus emisiones.
La posibilidad de contar con un sistema propio de cálculo permitiría afrontar los próximos años con unas condiciones más ajustadas a las características de la industria, especialmente mientras se desarrollan alternativas tecnológicas que faciliten la descarbonización de los procesos de fabricación.
La medida también tendría relevancia para otros territorios europeos con una fuerte presencia de la cerámica, como la región italiana de Emilia-Romaña, que comparte buena parte de las necesidades y dificultades del sector castellonense.
Una mayoría de 474 eurodiputados respalda el cambio
El avance se produjo este jueves con la aprobación de la propuesta por parte del pleno del Parlamento Europeo, que registró 474 votos favorables, 82 contrarios y 28 abstenciones.
La votación ratifica el respaldo que ya había recibido la iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara y refuerza la posición parlamentaria ante las negociaciones que deberán celebrarse con el resto de las instituciones comunitarias.
En la tramitación de la propuesta han participado eurodiputados de distintas formaciones políticas, entre ellos Esteban González Pons y Susana Solís, del PP; Leire Pajín, del PSOE, y Vicent Marzà, de Compromís-Sumar.
El expediente tiene como ponente a Adam Jarubas, del Partido Popular Europeo, y ha contado también con la participación de la eurodiputada socialdemócrata italiana Annalisa Corrado.
La coincidencia de intereses entre los principales territorios productores de cerámica ha contribuido a situar las necesidades de esta industria dentro del debate europeo sobre la aplicación de las políticas climáticas.
La decisión final deberá negociarse con los Estados miembros
El respaldo del Parlamento Europeo representa un avance importante, pero todavía no supone la entrada en vigor del nuevo sistema.
La propuesta deberá abordarse ahora en las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, en el que participan los gobiernos de los Estados miembros. Está previsto que las conversaciones comiencen en noviembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la regulación definitiva.
Entre las cuestiones pendientes figura la posibilidad de aplicar los nuevos criterios durante el periodo 2026-2030, así como las condiciones concretas para establecer los valores de referencia específicos.
Para la industria cerámica de Castellón, el resultado de estas negociaciones será determinante. De ellas dependerá que el respaldo conseguido en el Parlamento Europeo se traduzca finalmente en una reducción efectiva de los costes asociados a las emisiones de CO₂ y en un marco más favorable para mantener la actividad industrial durante los próximos años.
