Seis personas están acusadas de difundir informaciones falsas sobre una supuesta red de pederastia en Benicarló. La vista contará con más de 30 testigos, entre ellos Francisco Camps, Mónica Oltra y Carlos Fabra.
Casi treinta años después de que comenzara a extenderse el relato del Bar España, el caso llega a los tribunales para examinar la responsabilidad de quienes contribuyeron a propagarlo. La Ciudad de la Justicia de Castellón acoge desde este viernes el juicio contra seis personas acusadas de difundir informaciones que vinculaban a representantes públicos y otras personalidades con una supuesta trama de pederastia en Benicarló.
La historia comenzó a circular a finales de los años noventa y fue incorporando con el tiempo nuevas acusaciones, e incluso llegando a ser relacionado con el caso Alcasser. El relato situaba una presunta red de abusos a menores en el entorno de un establecimiento del Baix Maestrat y señalaba a personas de ámbitos tan diversos como la política, la Justicia, las fuerzas de seguridad y el mundo empresarial.
La difusión de estas afirmaciones se prolongó durante años y encontró en internet una vía para ampliar su alcance. Sin embargo, las investigaciones no acreditaron la existencia de la trama descrita en esas publicaciones.
Los seis procesados se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias con publicidad. El procedimiento incluye también al editor de un medio digital en calidad de responsable civil.
Más de 30 testigos durante seis jornadas
El juicio se desarrollará en seis sesiones, previstas para los días 16, 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre. Entre los testigos citados figuran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.
La relación de comparecientes incluye también a responsables policiales, empresarios y profesionales vinculados a la protección de menores. Asimismo, está prevista la declaración de cinco personas que eran menores de edad cuando participaron en grabaciones relacionadas con los supuestos abusos.
La Fiscalía solicita siete años y medio de prisión, según la información publicada antes del inicio de la vista. El tribunal deberá determinar la responsabilidad de cada procesado y resolver las cuestiones planteadas en el procedimiento.
El juicio abre así una nueva etapa judicial para un caso que durante décadas mantuvo bajo sospecha a numerosas personas a partir de acusaciones que no quedaron acreditadas.
