El sector advierte que la medida pone en riesgo el futuro de la actividad y reclama una transición responsable basada en criterios científicos
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana han exigido al Gobierno Central que se oponga a la prohibición de la munición de plomo que se debatirá próximamente en el Parlamento Europeo. El sector cinegético denuncia que esta medida de la normativa REACH avanza sin estudios técnicos concluyentes que garanticen que las alternativas sean seguras para los cazadores, eficaces y viables para evitar rebotes o el sufrimiento animal.
Las federaciones advierten que muchos de los materiales alternativos propuestos no son compatibles con las armas actuales. Según un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo, una transición acelerada podría provocar que un 25% de los cazadores abandonara la actividad y un 30% la redujera, lo que generaría un fuerte impacto económico y social en armerías, fabricantes y el mundo rural.
La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martí nez, ha defendido la necesidad de actuar con rigor pidiendo que desde la Comunitat Valenciana reclaman «una transición responsable que permita la continuidad de una actividad que aporta importantes beneficios sociales, económicos y ambientales”. Martí nez ha insistido en que cualquier decisión debe tomarse desde el diálogo y con alternativas evaluadas.
Por su parte, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha criticado la falta de diálogo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Escandell ha señalado que el objetivo «debe ser compatibilizar la protección del medio ambiente con la realidad de una actividad que contribuye a la conservación de los ecosistemas”, ayudando también al control de poblaciones, la prevención de daños agrícolas y el freno a enfermedades como la Peste Porcina Africana.
Finalmente, ambas entidades reclaman que cualquier cambio normativo se realice de manera participativa con la industria, expertos y administraciones, garantizando una adaptación progresiva. Los cazadores piden al Ejecutivo español una postura firme en Europa que no comprometa el futuro de esta actividad sin tener antes soluciones técnicamente contrastadas y viables.
