El Defensor del Pueblo ha cerrado la puerta a la petición del Ayuntamiento de Almassora de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva normativa ambiental aprobada por el Consell. La institución, encabezada por Ángel Gabilondo, ha resuelto que el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2025, de 7 de mayo, no vulnera el artículo 45 de la Constitución ni supone un retroceso en materia de protección ambiental.
La alcaldesa, María Tormo, pidió este amparo tras la aprobación en el pleno municipal de una moción en la que se pedía formalmente la impugnación de la norma. El consistorio considera que la reforma perjudica de manera directa a los vecinos de la playa de Almassora, especialmente en las zonas de Om Blanc y adyacentes, expuestas al ruido procedente del polígono industrial del Serrallo, de Castellón.
Argumentos de la resolución
En su escrito, el Defensor del Pueblo señala que “no puede considerarse que la modificación llevada a cabo por el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2025 vulnere el artículo 45 de la Constitución por resultar regresiva en términos ambientales”. Tampoco aprecia que la exención contemplada para los emisores acústicos en las llamadas “zonas de transición entre dos usos dominantes” carezca de justificación o suponga un retroceso respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados.
La resolución remarca, además, que la nueva figura de zona de transición se ajusta a la normativa estatal básica en materia de zonificación acústica, que establece la necesidad de compatibilizar las distintas áreas acústicas del territorio. En consecuencia, tampoco se aprecia una vulneración del mandato constitucional de garantizar la salud pública.
La posición del Ayuntamiento
Pese al rechazo, la alcaldesa ha subrayado que el consistorio no bajará la guardia: “Acatamos la resolución del Defensor del Pueblo, pero vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos ante cualquier administración y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes para que la normativa se aplique de manera justa”, ha manifestado Tormo.
El Ayuntamiento recuerda que la introducción de la zona de transición podría permitir a las empresas del Serrallo acogerse a la exención prevista y evitar así la reducción de ruidos hasta los niveles exigidos en áreas residenciales. De ser así, los vecinos soportarían unos niveles sonoros que hasta ahora eran ilegales.
Otras vías abiertas
En paralelo, el consistorio ha remitido al Consell la moción aprobada en pleno en la que reclama modificar el Decreto-ley y ha trasladado al Consell Jurídic Consultiu una petición de informe que aclare las dudas sobre la aplicación práctica de la normativa.
