El pleno ordinario de la Diputación de Castellón correspondiente al mes de mayo, celebrado este martes, ha aprobado una moción impulsada por el equipo de gobierno para instar al Gobierno de España a adoptar medidas que permitan a las entidades locales recibir las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado.
Según recoge la moción, la provincia de Castellón ha experimentado un crecimiento significativo en la recaudación fiscal durante los últimos dos años. No obstante, este aumento no se ha traducido en una mejora proporcional en la financiación local. La moción señala que las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) han disminuido en relación con el ejercicio 2024, afectando a los recursos disponibles para los ayuntamientos.
En este sentido, la Diputación estima que los municipios de la provincia han dejado de percibir 221 millones de euros, de los cuales más de 105 millones corresponderían directamente a la institución provincial entre los años 2023 y abril de 2025.
La moción, que ha salido adelante con los votos favorables del PP y Vox y los votos en contra del PSOE y Compromís, incluye la solicitud de que el Gobierno de España incremente la participación de las entidades locales de Castellón en los ingresos del Estado en proporción al aumento de la recaudación en el territorio. Además, se reitera la petición de una reunión entre la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta cuestión.
Regulación del Registro de Viajeros
Durante la sesión también se ha aprobado una moción relacionada con el nuevo Registro de Viajeros, enmarcado en el Real Decreto 933/2021 y en vigor desde el 2 de diciembre de 2024. El texto, aprobado con el respaldo del PP, Compromís y Vox, y el voto en contra del PSOE, plantea la necesidad de abrir un proceso de diálogo con el sector turístico para revisar la aplicación de esta normativa.
La moción propone que el Gobierno de España dicte las normas de desarrollo necesarias para garantizar un marco equilibrado y con plenas garantías jurídicas para todos los actores implicados en la actividad turística, incluyendo hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Modificación del Plan Impulsa
El pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza del Plan Impulsa, con el objetivo de ampliar los plazos de adjudicación y justificación de las obras incluidas en este programa de ayudas municipales. La medida permitirá a los ayuntamientos disponer de un mayor margen para llevar a cabo sus proyectos.
De este modo, el nuevo calendario traslada la fecha límite de adjudicación del 30 de mayo al 31 de julio de 2025, mientras que el plazo de justificación se amplía hasta el 28 de noviembre.
