El 29 de diciembre de 1978, la Constitución Española entró en vigor, constituyendo un hito en la historia del país al establecer un marco legal democrático tras años de dictadura. Aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre del mismo año, fue ratificada en referéndum por la ciudadanía el 6 de diciembre y sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre, culminando así un proceso que consolidó la transición hacia la democracia tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975.
La promulgación de esta norma suprema selló la transformación de España en un «Estado social y democrático de derecho», fundamentado en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal como se establece en su artículo primero. La Constitución derogó las Leyes Fundamentales del régimen franquista y estableció principios esenciales, como la soberanía nacional, que reside en el pueblo español (Art. 1.2), y la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno (Art. 1.3).
La Constitución también sentó las bases del Estado de las Autonomías, un modelo territorial inédito en la historia del país. En su artículo 2, se reconoce la indisoluble unidad de la nación española, al tiempo que se garantiza la autonomía de las comunidades y regiones que la integran. Este equilibrio permite que las entidades locales, como municipios y provincias, gocen de una autonomía administrativa, y que las comunidades autónomas dispongan de autonomía política, configurando a España como un Estado autonómico que promueve la solidaridad entre sus territorios.
El texto constitucional consagra la separación de funciones entre los tres poderes del Estado:
- El poder legislativo, ejercido por las Cortes Generales, se organiza en un sistema bicameral asimétrico compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso tiene una posición predominante, siendo el único con potestad para investir al presidente del Gobierno y destituirlo mediante moción de censura.
- El poder ejecutivo está liderado por el presidente del Gobierno, quien dirige la administración pública y coordina el Consejo de Ministros. Este órgano responde de forma solidaria ante el Congreso de los Diputados.
- El poder judicial recae en los jueces y tribunales, con el Consejo General del Poder Judicial como su órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional, por su parte, vela por la adecuación de las leyes a la norma suprema.
Como jefe de Estado, el rey desempeña un rol central en la vida institucional del país, actuando como árbitro y moderador en el funcionamiento de las instituciones y representando a España en el ámbito internacional. Sus actos, no obstante, requieren refrendo para ser válidos, lo que subraya la naturaleza parlamentaria de la monarquía.
Más de cuatro décadas después de su aprobación, la Constitución de 1978 sigue siendo el eje vertebrador del sistema democrático español. A pesar de los desafíos políticos y sociales que ha enfrentado, su capacidad para adaptarse y mantener la estabilidad política ha reafirmado su importancia como garante de derechos y libertades.
El 6 de diciembre, fecha de su ratificación, se conmemora en todo el país como el Día de la Constitución, un recordatorio del pacto social que permitió a España avanzar de manera firme hacia la democracia y la modernidad.
