Samuel Falomir: “Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de l’Alcora y el cumplimiento de la normativa urbanística vigente”
El Ayuntamiento de l’Alcora ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha fallado a favor de la empresa Aprocol en relación a la instalación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en el municipio. Esta decisión judicial revoca la denegación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) emitida por la Generalitat Valenciana y ordena la continuación del procedimiento administrativo para otorgar la autorización a la empresa.
Los antecedentes
En 2019, la empresa Aprocol solicitó a la Generalitat la correspondiente AAI para una planta que incluiría un centro de almacenamiento temporal, transferencia y tratamiento de residuos en el término municipal de l’Alcora.
En 2021, el Ayuntamiento, tras la exposición pública del proyecto, emitió un informe desfavorable, argumentando que el proyecto expuesto “difería significativamente” del que se había presentado originariamente al consistorio en 2018, y que el expuesto “no era compatible” con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de l’Alcora.
La Generalitat Valenciana respaldó la postura del Ayuntamiento reflejada en su informe y resolvió denegar la autorización ambiental.
Ante esta decisión, en 2022, Aprocol interpuso un recurso de alzada que fue desestimado. Posteriormente, la empresa recurrió judicialmente esta decisión ante el TSJCV, lo que ha resultado en la sentencia reciente a su favor que anula la denegación de la AAI.
Declaraciones del alcalde
En rueda de prensa, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha explicado que, tras analizar detenidamente la sentencia, el Ayuntamiento no comparte el fallo judicial y sostiene la misma posición. «Consideramos que el proyecto que se expuso al público no era el mismo que el que la empresa presentó en el consistorio y por el que obtuvo el informe favorable de compatibilidad urbanística en 2018», ha afirmado Falomir.
Así, el alcalde ha subrayado que «mantenemos nuestra convicción de que el proyecto que se expuso no es compatible con nuestro PGOU, por lo que, con el respaldo del asesoramiento jurídico, adoptaremos las acciones legales pertinentes», ha manifestado el primer edil, reafirmando así “el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de la normativa urbanística vigente”.
Debido a estos motivos, se ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se revalúe la sentencia del TSJCV.
Falomir ha hecho un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que considere recurrir la sentencia. «Esperamos que la Generalitat recurra también y que podamos trabajar juntos para defender la posición que hemos mantenido desde un principio», ha concluido el alcalde.
