Medidas antidespoblación
- Gabriela Bravo ha defendido en Les Corts el proyecto de Ley Antidespoblamiento, que incluye medidas económicas, sanitarias, sociales, educativas y culturales para revitalizar las zonas de interior
La Generalitat considerará municipios en riesgo de despoblamiento los pueblos con menos de 300 habitantes o las áreas con una densidad de población inferior a las 12 personas por kilómetro cuadrado. Para ello, se destinarán medidas económicas, sociales y culturales específicas para revitalizar las zonas de interior. Así se establece en el proyecto de Ley Integral de Medidas contra el Despoblamiento en la Comunitat Valenciana que este miércoles ha defendido en el pleno de Les Corts la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.
La consellera ha recordado que una cuarta parte de las localidades de la Comunitat Valenciana pierden población de manera continua desde hace décadas. El 40 % de nuestros pueblos tiene menos de 1.000 habitantes y de los 542 municipios de las tres provincias, 172 muestran un índice de envejecimiento superior al 250 %, lo que quiere decir que hay 25 personas mayores de 64 años por cada 10 menores de 16.
El fenómeno no sólo se produce en comarcas de interior como Els Ports de Morella, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palancia, El Rincón de Ademuz, La Serranía, La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes y Ayora, la Canal de Navarrés y parte de la Vall d’Albaida, L’Alcoià y el Comtat, sino también en las zonas de interior de comarcas litorales como el Baix Maestrat, la Plana Alta y Baixa y las dos Marinas.
El despoblamiento, según la consellera “se ha convertido, en un problema estructural que afecta a una parte sustancial de la Comunitat Valenciana y que reclama una acción integral, multisectorial y estable por parte de los poderes públicos tal y como recoge este proyecto de ley”.
En este sentido, la consellera ha asegurado que el Consell ya ha llevado a cabo iniciativas como la instalación de 141 cajeros automáticos en 130 poblaciones que carecían de ellos o la puesta en valor de los recursos culturales y naturales de los municipios más pequeños a través de la Ruta 99 o las líneas de crédito, fiscalidad diferenciada o los incentivos para el transporte a demanda.
“La experiencia acumulada con estas iniciativas-ha dicho la consellera- es este proyecto de ley que culmina un proceso iniciado la pasada legislatura y que se ha traducido en una norma de 42 artículos y 4 títulos”.
En concreto, el Título III del proyecto de ley recoge las medidas que tienen por objeto la cohesión social, económica y territorial ante el despoblamiento entre las que destacan, en el ámbito sanitario se atenderán las particularidades de los municipios afectados en el acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias y se mantendrá la atención presencial, al tiempo que se promoverá la telemedicina.
En materia educativa, se impulsará especialmente la estabilización de las plantillas docentes en la escuela rural y se incentivará la ocupación de plazas de difícil cobertura. Asimismo, se promoverán servicios itinerantes de actividades extraescolares.
Respecto a los servicios sociales, se procurará que los destinados a personas dependientes estén ubicados a un máximo de 20 kilómetros del entorno vital y se favorecerá atención en el domicilio y en el entorno social próximo. Además, se dispondrá de forma preferente la teleasistencia avanzada a personas mayores que vivan solas o en domicilios aislados.
También se establece en la nueva ley que los Juzgados de Paz se transformarán en oficias judiciales tecnológicamente avanzadas y se apuesta por los servicios de orientación jurídica de proximidad.
En materia cultural, se plantean medidas contra el aislamiento e instrumentos innovadores como los bancos de memoria o de recuerdos, para dar valor y conservar el conocimiento y la experiencia acumulada por las personas mayores.
Además, el Título III condensa las medidas dirigidas a la reactivación, la diversificación socioeconómica y la promoción de empleo, con un especial énfasis en el sector agroalimentario, el turismo, la innovación, las energías renovables o la gestión forestal sostenible.
“No estamos ante un problema menor, sino ante un reto colosal que nos exige mirada larga, consenso y determinación por parte de todas las fuerzas políticas para corregir un proceso histórico cuyos efectos son ya alarmantes, pero que no tienen por qué ser irreversibles si actuamos ahora y actuamos juntos”, ha concluido Gabriela Bravo.
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